20 de Agosto de 2018

Edenor y Edesur serán contraladas por CABA y "La Provincia"

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El presidente Mauricio Macri consideró que el traspaso de ambas distribuidoras de electricidad a jurisdicción de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, es una medida "justa" que permitirá "equilibrar" el gasto del Estado nacional.

De esta manera, Nación le envió un gesto positivo a los gobernadores de las demás provincias en términos fiscales, de cara a resolver el debate por el Presupuesto 2019 en el Congreso.

"Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia (y Ciudad) de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila", remarcó el mandatario respecto de su decisión.

"Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto por política del gobierno kirchnerista había un gran desfasaje y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se reconozca el verdadero valor de la energía", justificó el jefe de Estado.

El Gobierno espera la respuesta de las provincias a la propuesta de ajuste fiscal para definir el proyecto de ley de Presupuesto que presentará al Congreso en septiembre próximo, con un recorte del gasto que rondará los $200.000 millones solo a nivel Nación.

La Casa Rosada espera que las provincias contribuyan con otros $100.000 millones de recortes, para cumplir la meta de recorte fiscal prometido al FMI.

Se espera que el borrador del proyecto incluya la suspensión de obras públicas, el freno a la construcción de viviendas y reducciones en la ayuda salarial para fondos docentes, detalla ambito.com en un reporte.

En el Ministerio de Hacienda y Finanzas preparan una reunión para los próximos días con el fin de definir el recorte que las provincias deben reducir de sus gastos, para poder cumplir el recorte prometido al FMI.

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En el tramo final de las negociaciones, el gobierno de Macri le propuso transferir a las administraciones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta el costo de los subsidios al transporte por $250 millones, el de la tarifa social del agua, de $800 millones, y el control de los aumentos de las tarifas de Edenor y Edesur.

En cambio, les endosará a las otras 22 provincias, el costo del Fondo de Incentivo Docente, de $20.000 millones; les quitará $25.000 millones de la recaudación de la soja; rebajará parte de los $40.000 millones de obras públicas, y no se permitirá postergar la rebaja del impuesto de Ingresos Brutos de la última reforma tributaria.

La confirmación del traspaso se da luego del anticipo de que el ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará en breve otro tarifazo en los servicios públicos de luz y gas. De acuerdo a la legislación, el precio mayorista de la electricidad debe fijarse en mayo y noviembre, con revisiones en agosto y febrero en caso de ser necesario. Pero el valor de la energía no está determinado por la oferta y la demanda, sino que viene siendo fijado por el Estado y discutido en audiencia pública, igual que el del gas.

En declaraciones radiales, Macri señaló que, con los ajustes que ya se aplicaron sobre las tarifas de luz, "ya estamos en el 70% del valor real de la energía, que era poco más del 10%" cuando asumió el Gobierno en diciembre de 2015.

"Pero la buena noticia es que en estos dos años y medio trazamos un plan con gobernadores, sindicatos y empresas y hemos producido cada vez más energía. Y dentro de dos años seremos exportadores netos. Eso es más competitividad", resaltó el jefe de Estado.

Ámbito Financiero remarcó que el aumento en la electricidad será inferior al 30%, según dijo Iguacel en un programa de televisión, y aclaró hay que considerar por un lado el precio de la energía y por el otro el transporte y distribución, y que el primero representa el 40% de la factura con impuestos, y el segundo el 38% aproximadamente.

Si se revisa el precio mayorista, se debe decidir si se traslada al público la devaluación que está en torno al 43%, segundo si ese traslado será o no retroactivo, y tercero si además se quieren seguir reduciendo los aportes del Tesoro a Cammesa.

La definición sobre esos aspectos, que dependerían más de Nicolás Dujovne que de Iguacel, va a determinar si la suba al público es de menos del 30% o no.

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